California presenta su demanda número 100 contra Trump, esta vez por el caso del ICE en los juzgados

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El fiscal general de California, Rob Bonta, ha presentado la demanda número 100 del estado contra el gobierno federal desde que el presidente Trump asumió el cargo por segunda vez en 2025.

Bonta alcanzó ese hito en 21 meses. Durante la primera administración de Trump, los funcionarios de California demandaron al gobierno federal un total de 123 veces en cuatro años.

La demanda presentada el jueves ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California alega que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) sobrepasó sus límites constitucionales al detener a personas en juzgados estatales, una práctica prohibida por un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que, según la demanda, el ICE continúa empleando.

Por ejemplo, el Departamento de Justicia de California descubrió que el ICE detuvo a 34 personas en juzgados estatales en junio de 2026. En julio de 2026, el mes siguiente a la orden judicial de dejar de realizar arrestos en juzgados , el ICE detuvo a 28 personas en juzgados.

“La directiva del ICE sobre la aplicación de la ley en los juzgados y las actividades de control resultantes han tenido un profundo efecto disuasorio que ha obstaculizado la capacidad de California para hacer cumplir la ley y proteger la seguridad pública”, dijo el Departamento de Justicia del estado en un comunicado de prensa.

Detener a personas en un juzgado puede tener un efecto disuasorio en testigos, víctimas e incluso sospechosos que temen presentarse ante el tribunal, declaró el año pasado Patricia Guerrero, presidenta del Tribunal Supremo de California.

“Convertir los juzgados en un foco de control migratorio obstaculiza, en lugar de ayudar, a la administración de justicia, al disuadir a testigos y víctimas de denunciar y desalentar a las personas de hacer valer sus derechos”, dijo Guerrero.

En septiembre, el gobernador Gavin Newsom promulgó una ley que exige a los agentes federales de inmigración presentar una orden judicial e identificarse antes de realizar arrestos a menos de 1000 pies de un tribunal estatal.